Desmadre en las universidades estadounidenses y demandas en los tribunales. Aquellos que hayan tenido el dudoso honor de sufrirme en mis clases de derecho, saben que siempre insisto en que nuestra actividad como abogados es siempre cautiva de la economía.
Así les digo que de poco sirve asesorar en una operación de compraventa de empresas, por muy glamurosa que esta sea, si no tiene un sentido económico para las partes involucradas.
O que ningún interés ofrece para un cliente un litigio ruinoso en el que probablemente enterrará esfuerzo, tiempo y dinero, incluidos los honorarios del abogado y de esa extraña pareja tan española que es el procurador.
O que una sentencia sin poder ejecutarse es, simplemente, papel mojado.
Por ello, advierto a los chavales que es importante empezar por su propia economía, como futuros profesionales liberales que serán y donde oferta y demanda son las principales reglas a seguir.
Especialmente ante un panorama que se antoja bastante complicado durante los próximos años.
La maquinaria universitaria no advierte a los estudiantes
Ay, pero eso parece importar poco a la maquinaria universitaria, empeñada en graduar a estudiantes año tras año, sin que haya un criterio de equivalencia entre egresados y necesidad real en el ámbito laboral.
¿Hay alguien que se preocupe de qué les pasa a esos jóvenes abogados que no consiguen alcanzar su sueño profesional?
¿Se cumplen las promesas que la mercadotecnia universitaria produce para vender su producto?
Cualquiera que tenga un familiar o un conocido que se haya graduado en derecho en los últimos años en España verá que el problema es más grave de lo que parece.
Muchas familias humildes se ven obligadas a realizar importantes desembolsos o la suscripción de préstamos bancarios para que sus hijos puedan acceder a los cursos y másteres universitarios, con un futuro incierto.
Esto es precisamente lo que sucedió hace unos años en Estados Unidos –el paraíso de la litigación– cuando Anna Alaburda, por aquél entonces recién graduada en derecho por la “Thomas Jefferson School of Law”, fue la primera en demandar a su universidad por haberla engañado usando estadísticas de colocación de empleo falsas.
En el juicio, celebrado en 2016 ante el Tribunal Superior de San Diego, Alaburda dijo que había elegido a la Thomas Jefferson después de consultar las guías de las facultades de derecho más populares en el Estado, incluidos los ránkings de la edición de las mejores escuelas de postgrado.
Según esta lista de las mejores universidades, la Thomas Jefferson decía que alrededor del 80 por ciento de sus graduados estaban empleados nueve meses después de graduarse.
La cuestión es que esta chica había contraído nada menos que 150.000 dólares de deuda en préstamos para poderse pagar los estudios en esa universidad.
A pesar de haberse graduado en 2008 y en los primeros puestos de su promoción, Alaburda no había conseguido encontrar un trabajo de abogada a jornada completa.
La demanda fue desestimada pero afloró que la universidad mentía
De hecho, aunque la demanda fue desestimada, durante el proceso se comprobó que la escuela no reveló que sus cifras de empleo incluían trabajos como limpiador de piscinas, camarero o comercial en “Victoria’s Secret”, y que se basaban solamente en una pequeña muestra de graduados.
Siguiendo el camino de Anna Alaburda, otros graduados han seguido interponiendo demandas millonarias contra importantes facultades de derecho en Estados Unido, alegando que asumieron importantes deudas para pagarse unos estudios cursados en base a los datos de empleo proporcionados por las universidades y que fueron engañosos.
Así, en 2015, otros antiguos estudiantes de la Thomas Jefferson también demandaron a su antigua facultad de derecho por “falta de trasparencia”, acusándola nuevamente de “hinchar los datos de empleo y salarios para atraer a estudiantes”.
En ese mismo año, se resolvió una demanda contra la Facultad de Derecho de la Universidad “Golden Gate” en San Francisco, en la que se acordó extrajudicialmente compensar a cinco graduados con más de 8.000 dólares cada uno por haber sido engañados.
Es más, según la “Law School Transparency”, una organización sin fines de lucro, es claro afirmar que: «las facultades de derecho engañaban sistemáticamente a los estudiantes con estadísticas engañosas y con la bendición de la “American Bar Association,” (ABA) -el equivalente del Consejo General de la Abogacía.
Por este motivo, la ABA exige actualmente a las facultades de derecho americanas que publiquen un desglose más detallado de sus cifras de empleo que, entre otros aspectos, distinga los empleos a tiempo completo de los empleos a tiempo parcial.
Pero esto, evidentemente, no queda aquí.
Harvard desenmascara la «industria universitaria abusiva»
En 2019 se puso en marcha en Harvard el “Project on Predatory Student Lending” (Proyecto sobre Préstamos Abusivos a Estudiantes) que usa con gran solvencia el método de las “class actions” o demandas colectivas.
Esencialmente se trata de una organización contra la llamada “industria universitaria abusiva” y las políticas gubernamentales que permiten, bajo la promesa de acceder a una educación superior, engañar a los estudiantes para que suscriban préstamos para ello, dejándolos en peor situación que cuando empezaron.
Según el Proyecto, esta industria se dirige específicamente a los más desfavorecidos: estudiantes de bajos ingresos, personas de color, inmigrantes y aquellos que tratan simplemente de construir una vida mejor para sí mismos y sus familias mediante el acceso a unos estudios superiores.
Entre las distintas batallas legales emprendidas por el Proyecto en defensa de los estudiantes destacan las demandas actualmente en marcha contra el Departamento de Educación de los Estados Unidos y contra la secretaria de Educación, Betsy Devos, por limitar la cantidad de ayudas a aquellos que fueron engañados por sus universidades.
Está por ver cómo cambiará esto con el nuevo presidente, pero es cierto que la Administración Obama estableció un proceso para solicitar la cancelación de la deuda para aquellos estudiantes que fueron engañados y que después cambió durante el mandato Trump.
De vuelta a España, no creo que ningún joven abogado pretenda hacer sus prácticas demandando a su antigua universidad por razones semejantes.
Porque esto no sucede en nuestro país.
¿O tal vez sí?
Desmadre en las universidades estadounidenses y demandas en los tribunales. Por Josep Gálvez.
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